En lo que constituye quizás el mayor desplazamiento humano en la historia moderna del Caribe, más de 100,000 haitianos y dominicanos descendientes de haitianos se trasladaron desde la República Dominicana al vecino país de Haití en el último año, deportados de manera arbitraria por el gobierno quisqueyano o huyendo de amenazas de ser repatriados, perseguidos u hostigados, dice un informe de Amnistía Internacional que será divulgado hoy.
No existen cifras oficiales de la cantidad de desplazados. Pero la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), citada por Amnistía Internacional, revela que 106,664 personas se han desplazado de República Dominicana a Haití desde junio del año pasado.
40,281 fueron repatriados por el gobierno dominicano sin que los afectados hubiesen tenido oportunidad de defenderse del procedimiento, y 66,383 emigraron voluntariamente, ante el temor de ser expulsados del país de manera arbitraria o perseguidos u hostigados.
La OIM fijó en 889 el número de menores no acompañados que han sido repatriados por las autoridades dominicanas durante el último año.
El informe de Amnistía Internacional, que fue compartido ayer con la presidencia dominicana, da cuenta de incontables casos de personas, incluyendo menores, que fueron detenidas en la calle por agentes de la Dirección Nacional de Migración de República Dominicana, subidos a camiones, llevados a la frontera con Haití, separados de sus familias y expulsados sin haberles ofrecido los mecanismos legales o administrativos para impugnar las repatriaciones, como disponen los acuerdos internacionales.
Lo arbitrario y abrupto del proceso ha causado que por lo menos 8,287 descendientes de haitianos, pero nacidos en República Dominicana y, por lo tanto, con el derecho inalienable de permanencia en ese país, hayan sido expulsados a un país que no conocen, con el que no tienen ningún vínculo y cuyo idioma incluso desconocen.
En Haití, miles de los repatriados se han asentado en campamentos improvisados cerca de la frontera con República Dominicana, sobre todo en la localidad haitiana de Anse-a-Pitres, cerca del municipio dominicano de Pedernales.
En los campamentos no existen instalaciones sanitarias, de salud ni educativas de clase alguna.
Los pocos niños que acuden a la escuela lo hacen cruzando diariamente la frontera hacia la República Dominicana, dice el informe.
El informe también adjudica responsabilidad a Haití, el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, por no haberse preparado para recibir y atender a los miles de repatriados, a pesar de que el proceso venía gestándose en la República Dominicana por varios años.
Apuntan a Dominicana
Pero la mayor responsabilidad se la adjudica a la República Dominicana.
“Estamos hablando de República Dominicana, un país que recibe mucha inmigración de Haití, pero que también emigra mucho, sobre todo a Puerto Rico. Entendemos que la República Dominicana debe comprender la importancia de salvaguardar los derechos de los inmigrantes. Quizás son la población mejor preparada para entender estas preocupaciones”, dijo a El Nuevo Día Robin Guittard, encargado de campañas en el Caribe de Amnistía Internacional y quien ayer compartió el informe con representantes del presidente dominicano, Danilo Medina.
Los recelos entre Haití y la República Dominicana, que comparten la isla de La Española, datan desde que el primero invadió y ocupó al primero entre 1822 y 1844 y el discrimen contra los haitianos en Quisqueya es rampante.
La sentencia de 2013
Pero la génesis de la coyuntura actual está en una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano en septiembre de 2013 en la que estableció que hijos de padres extranjeros que no tuvieran regularizada su situación migratoria no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana y podían ser expulsados de inmediato del país.
La sentencia, retroactiva al 1929 y que afectaba desproporcionadamente a inmigrantes haitianos, tuvo el efecto de despojar de su nacionalidad a cientos de miles de hijos de emigrantes de Haití, que por generaciones habían estado estableciéndose en República Dominicana.
Ante presiones de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), en noviembre de 2013 República Dominicana detuvo las repatriaciones y estableció un plazo de 18 meses para que los haitianos y dominicanos descendientes de haitianos regularizaran su situación migratoria.
Proceso caótico
Pero el proceso fue tan caótico y oneroso para los afectados que, al concluir el plazo, en junio de 2015, decenas de miles de haitianos y dominicanos descendientes de haitianos no habían podido completar el trámite y quedaron desprovistos de documentación de cualquiera de los dos países.
De inmediato, comenzaron las deportaciones.
“Las autoridades de la República Dominicana han creado una crisis de derechos humanos que está dejando a decenas de miles de personas en un limbo jurídico absoluto y desesperado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe incluye numerosos relatos de personas que contaron que mientras caminaban por la calle, o estaban en sus trabajos, eran interceptados por agentes dominicanos, quienes les pedían sus documentos de identidad. Si no los tenían consigo, los subían a camiones o autobuses y los llevaban directamente a la frontera, donde eran expulsados a Haití.
Ese fue el caso de Nini, una dominicana hija de un quisqueyano y una haitiana, empleada doméstica, que fue detenida en Pedernales, una población fronteriza con Haití.
“Al salir del trabajo un día de julio de 2015 me agarraron. No me preguntaron nada. Yo le dije ‘nací allá’, pero me dijeron que soy haitiana. Me llevaron a Anse-a-Pitres. Nunca había venido aquí antes. Volví allá (a la República Dominicana), pero en septiembre me agarraron otra vez. Todos mis (nueve) hijos quedan en Pedernales. No salen a la calle para que no los agarren”, contó Nini, de 36 años, a Amnistía Internacional.
También han sido expulsadas personas que estaban en proceso de regularizar su situación, como Viergemene Toussaint, una haitiana que llevaba años en la República Dominicana, donde había dado a luz a sus ocho hijos.
“En junio de 2015, me detuvieron en Enriquillo, donde llevaba 17 años. Ese mismo día me llevaron a la frontera de Pedernales. No pude llevarme nada. Tenía el recibo de mi inscripción en el plan de regularización”, dijo Toussaint a los investigadores de Amnistía Internacional, que la entrevistaron en el campamento de expatriados de la población hatiana de Parc Cardeau.
Su esposo le llevó a sus niños días después de que ella fuera repatriada.
Mejoras sin importancia
Amnistía Internacional dice que República Dominicana ha hecho esfuerzos por mejorar el proceso. Pero se trata de mejoras mínimas.
Por ejemplo, ya no se hacen redadas de noche y los repatriados son transportados en autobuses y no en camiones. El principal problema no ha sido atendido: la ausencia de un mecanismo legal o administrativo para que los afectados puedan impugnar la acción y probarles a las autoridades si tienen de derecho de permanecer en la República Dominicana.
“Ese es el aspecto que más nos preocupa. La gente todavía no tiene un mecanismo para que una autoridad independiente pueda revisar su caso y decidir si procede la repatriación. Lo planteamos al gobierno dominicano, pero no han hecho ningún compromiso en ese aspecto”, dijo Guittard.
Más de 2,000 repatriados viven en este momento en campamentos improvisados que carecen de todos los servicios básicos, incluida agua potable, a causa de lo cual se han producido brotes de diarrea, vómitos, infecciones en la piel, fiebre y problemas respiratorios.
Drama en los campamentos
En octubre de 2015, hubo en Anse-a-Pitres un brote de cólera que afectó a 26 personas y les causó la muerte a otras siete, la mayoría residentes del campamento improvisado de repatriados, dice el informe.
“Las personas que vivían en Parc Cardeau 2, Fond Jeanette y Tete á l’eau tenían que sacar agua de ríos y arroyos cercanos, cuya potabilidad ponen en duda. Ninguno de los campamentos cuenta con un sistema de gestión de residuos y la basura se quema muy cerca del lugar donde están situados”, dice el informe.
“La opacidad con que la República Dominicana está deportando a personas y la falta de capacidad de Haití para brindarles protección han dado lugar a una situación desastrosa y caótica. Las condiciones de vida en estos campamentos son de una desesperación extrema, y ni las autoridades de un país ni las del otro han garantizado el bienestar de estas personas”, dijo Guevara Rosas.
Viejos recelos
La política de repatriaciones masivas de República Dominicana contra haitianos tiene un solo precedente en la historia reciente: la expulsión forzosa de haitianos impuesta por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo a mediados de los años 30, que desembocó en 1937 en la llamada ‘Masacre de Perejil’, en el que un número indeterminado de haitianos (las cifras varían desde 12,000 hasta 30,000) fueron asesinados a machetazos por fuerzas leales a Trujillo, quien había ordenado la extirpación de territorio dominicano de todo natural o descendiente del vecino país.
Es por esa razón que el río que divide ambos países es conocido en República Dominicana como el río Dajabón y en Haití como el río Masacre.
Los investigadores de Amnistía Internacional creen que mucho del problema tiene que ver con los recelos ancestrales que hay entre dominicanos y haitianos y el rampante problema de discrimen racial contra haitianos que hay en la República Dominicana. Ese es un problema, dijo Guittard, que los funcionarios dominicanos ni siquiera han reconocido que exista.
“Hay funcionarios que les han hecho la vida imposible a los inmigrantes haitianos en este país”, dijo Guittard.
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