Dos mil 58 funcionarios de instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno no han hecho su Declaración Jurada de Patrimonio, en franca violación a la Ley311-14.
Mientras, otros mil 28 si presentaron su Declaración Jurada de Bienes, pero deben actualizarla al momento de su designación, cese o ratificación en sus nuevas funciones, incluyendo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, según informa la Cámara de Cuentas.
Además, viceministros de Planificación Economía y Desarrollo, de la Juventud, de Deportes, de Interior y Policía, Medio Ambiente, y hasta un vicepresidente de la propia Cámara de Cuentas, y más del 90 por ciento de los diputados también deben actualizarla, entre otros.
De acuerdo al Informe de la Cámara de Cuentas, viceministros, gobernadores, subdirectores de Migración, encargados de compras, directores y subdirectores regionales, embajadores, cónsules, encargados de compras, alcaldes, vice alcaldesas, síndicos, regidores, entre otros, no han cumplido con la Ley.
Más de 400 procuradores fiscales presentaron sus declaraciones de Bienes Patrimoniales, y más de 280 procuradores de cortes, pero deben actualizarla de acuerdo a lo establecido en la Ley 311-14.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, los 32 senadores de la República también deben actualizar sus respectivas declaraciones juradas de patrimonio.
También cinco viceministros de Relaciones Exteriores y siete de Obras Públicas y Comunicaciones.
Importante destacar, que de 190 diputados, sólo dos no han hecho su declaración jurada de patrimonio, son ellos Aracelis Duarte, de la provincia Santo Domingo, y Wilson Manuel Marte, de Santiago.
De acuerdo a página web de la Cámara de Cuentas, 97 funcionarios de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) no han presentado su declaración de bienes; Antonio Díaz, encargado de Compras de los Comedores Económicos; Ivonne Giselle Jacobo Beras, encargada de Compras de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria; Margarita Plasencia López, encargada Financiera de Comunidad Digna; Analis Torres encargada de Compras de Obras Públicas; María Altagracia Arias, presidenta de la Unión Nacional de Enfermeras, Únase.
También la subdirectora de Migración, Saida Tejada Acosta; los seis encargados del Ministerio de Educación; las dos vice ministras de Energía y Mina: Ángela peña y Petruska Muñoz, director administrativo y financiero del Ministerio de la Presidencia, Joel José Soto Lithw.
Los cónsules de Haití en Belladere Andrés Bocio, Esteban Antonio Cruz en Cabo Haitiano, Haití; así como Jaime Manuel Santelises, Caracas, Venezuela; Crismely Lora Abreu, Colombia, Eduardo Sánchez, Miami; José Stephan Bosch, cónsul de Mayagüez Puerto Rico; Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, New Orleans, de Estados Unidos; Gabriel Guillermo Estrella, Toronto, Pablo Arturo Maríñez Álvarez, cónsul en Chile y Hugo Guiliani Cury, embajador en Qatar.
Tampoco han cumplido con la Ley 131-14, los gobernadores de El Seibo, Pedernales, de las provincias de María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Dajabón, Puerto Plata, Monte Plata, Hato Mayor y Montecristi.
47 comandantes de la Policía Nacional; tres directores centrales; 5 directores regionales, 8 subdirectores de la PN, 4 subdirectores regionales.
No han presentado sus respectivas declaraciones de Bienes los alcaldes de Azua: Estefanía, Guayabal, las Charcas, las Yayas, Padre Las Casas, Pueblo Viejo; de Baoruco los síndicos de Neiba, Tamayo, Las Salinas, Paraíso, Enriquillo, Polo, El Pino.
112 alcaldes ,159 directores de distritos municipales; 10 encargados de compras de los ayuntamientos de San Pedro de Macorís, Moca, Concepción La Vega, Restauración, Padre Las Casas, Santo Norte, Este.
27 regidores de Dajabón, 33 del Distrito Nacional, 27 de Baoruco, 59 de Barahona; 45 de la provincia Duarte; 9 de El Seibo, 33 de Elías Piña, 30 de la provincia Espaillat, 19 de Hato Mayor, 20 provincia Hermanas Mirabal, 17 provincia La Altagracia, 15 La Romana; 40 La Vega, 28 María Trinidad Sánchez, 25 Bonao; 33 Monte Cristi; 34 Monte Plata; así como 152 vicealcaldesas, entre otros violadores de la ley.
Gabriel del Río Doñé, representante de la Central Nacional de los Trabajadores ante el Consejo Nacional de Seguridad Social.
Solo 489 funcionarios públicos depositaron a tiempo su declaración jurada de bienes, entre ellos la Defensora del Pueblo, 24 jueces de la Suprema Corte de Justicia, y 37 jueces de Paz a nivel nacional.
Fuente: ElNuevoDiario.com.do
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